Con este reportaje cierro la serie que he dedicado a accidentes ("Hundimiento" y "Fuego en la ciudad") ocurridos durante esta "legislatura horribilis", verdaderos "años negros" para la ciudad.
El edificio tenía poco más de cien años, y con sus caballos de posta, carruajes, cuadras, cocina y habitaciones, podía haber sido una de las posadas en las que Pío Baroja ambienta en Estella su novela Zalacáin el aventurero, llevada al cine por Francisco Camacho en 1929 y rodada parcialmente en la ciudad del Ega.
Construido en 1894, el dieciocho de agosto de ese año Faustino Múgica comunica al Ayuntamiento que "desea construir una casa y taller de nueva planta en la calle de Sancho Abarca (así se llamaba entonces el Paseo de la Inmaculada, popularmente conocido como El Andén) entre el camino a Santa Clara (hoy calle Príncipe de Viana) y la casa-cochera de D. Máximo Goizueta".
En aquellos tiempos la Administración estellesa era más diligente que ahora, y rápidamente concedió la licencia.
La fotografía es una composición de dos instantáneas tomadas desde ángulos distintos. Por eso su recta fachada ofrece esta imagen angulosa.
Cuando Faustino plantea la cimentación, se da cuenta de la estrechez en que quedaría el camino a Santa Clara (una simple y estrecha senda cruzada en varios puntos por la acequia de riego de las huertas de Los Llanos), encajonado entre edificios, y vuelve a casa preocupado y pensativo.
Pocos días después, haciendo gala de civismo, y definiéndose como "constructor de carruajes", expone al Ayuntamiento que "al realizar las obras preliminares de su edificación, ha echado de ver, al observar la estrechez del paso ya dicho, la conveniencia que para el público en general y para posteriores proyectos de urbanización podría tener el aumentar la anchura de ese paso. A este fin ofrece al municipio la faja del terreno de su solar que el Ayuntamiento crea conveniente, sin más condición que el pago de su valor previa tasación...".
El Ayuntamiento acepta la propuesta, y durante décadas la nueva vía fue conocida popularmente como la "Calleja de Múgica", para posteriormente ser bautizada como calle Príncipe de Viana.
El antepecho de balaustres de hormigón, terminado en copudos maceteros del mismo material, se repetía cerrando la terraza existente sobre el tercer piso de la mitad norte de edificio principal, sustituida en fecha indeterminada por la cuarta planta que se aprecia en la primera fotografía.
El negocio de Faustino Múgica debía ser muy próspero, pero pronto empezó a decaer por la llegada a la ciudad de los vehículos a motor que fueron desplazando a los carruajes, por lo que en la década de 1930 fue reconvertido.
Construido el edificio con dos escaleras y un gran patio posterior rodeado de cocheras y comunicado con el paseo por medio de un paso que siempre permanecía abierto, cuando la familia cambió de aires se estableció en el patio y en parte de las cocheras el taller mecánico de Marino Echeverría, y en los bajos que daban a la calle Príncipe de Viana se instaló la fábrica de "Lejía las Cadenas", la más importante de la ciudad.
En las bajeras que daban al Andén se establecieron los negocios que he señalado en el primer pie de foto, y en el último piso, aprovechando la luz solar tan necesaria a la fotografía, se habilitó el primer estudio fotográfico de la ciudad: "Fotografía Madrileña de Aguirre Hermanos. Especialidad ampliaciones" (así se anunciaba en La Merindad Estellesa de 1919).
A Faustino Múgica le sucedió su hijo Segundo (perteneciente al partido Dinástico, con 9 votos a favor, 1 para Fortunato Aguirre, y 3 abstenciones, fue el primer Alcalde de la República, y durante su mandato, en 1931 se aprobó en la ciudad el Estatuto Vasco-Navarro, conocido como Estatuto de Estella). A su muerte, la propiedad se dividió entre sus dos hijos, que la fueron vendiendo a particulares y a constructores locales que lograron hacerse con la totalidad de la finca, la cual, sin uso, se fue convirtiendo en un edificio destartalado y ruinoso, con vanos apuntalados y desprendimientos puntuales que crearon alarma en los ciudadanos.
En estas circunstancias, el 30 de marzo de 2000 la Comisión de Urbanismo acordó abrir de oficio un expediente de ruina para el edificio nº 29.
Con la lentitud que caracteriza al Ayuntamiento estellés, un año después el Aparejador Municipal emite un informe en el que señala que el nº 29 comparte estructura con el nº 27 por haber sido en origen un solo edificio construido con pilares de madera sobre dados de piedra, escaleras de madera, y que al carecer sus plantas de entrevigados esa función la cumple la tarima. Concluye el informe diciendo que se haya en estado de ruina avanzada, y como medidas más importantes propone la eliminación total de la estructura de los miradores, clavar las carpinterías de los balcones, y cerrar el acceso al patio. Medidas que un mes más tarde se comunican a los propietarios, dándoles 7 días de plazo para su ejecución.
Al no ejecutarse nada de lo exigido, en mayo de 2001 la Comisión de Gobierno acuerda iniciar el expediente de ruina, y da un "plazo de 15 días a la propiedad, a los moradores y a los titulares de derechos (...) a efectos de que aleguen" lo que crean conveniente.
Iniciado el trámite, uno de los propietarios solicita una moratoria alegando una supuesta protección del edificio, a la que contesta el Secretario municipal mediante un informe en el que dice que "el hecho de declarar en ruina el edificio para nada prefija su derribo (?), pues puede declararse el edificio en ruina, y exigir la ejecución de los trabajos necesarios tendentes a su conservación".
Denegada la moratoria, el 18-09-02 la Comisión de Urbanismo da un nuevo plazo, pero, al no hacer advertencia de sanción, seis meses más tarde la situación no ha mejorado y la Alcaldesa recibe un informe de la Policía Municipal que, personada ante una denuncia, constata el hundimiento parcial del edificio, observa que la planta 4ª presentaba derrumbamientos de consideración", da detalles de la peligrosidad del edificio, y advierte de que "en el momento en que se produzca el desprendimiento del cuerpo edificado (...) parece probable que caigan trozos del edificio al Paseo de la Inmaculada". Como medidas a adoptar recomienda "vallar la acera (...) e incluso el carril más próximo", y termina señalando que "no puede demorarse por más tiempo la demolición del edificio".
La Alcaldesa reacciona con un Decreto mediante el que da un nuevo plazo de 24 horas, amenaza con la ejecución subsidiaria, y advierte que la demora del derribo será sancionada con multa de entre 300,51 y 6.010,12 euros.
El 06-03-03 el Arquitecto municipal informa de que la propiedad no tiene intención de demoler totalmente el edificio, deseando conservar la fachada hasta la altura de la 1ª planta en la calle Príncipe de Viana y parte de la del Paseo de la Inmaculada.
El 07-03-03, sin haber aplicado ninguna de las sanciones, la Alcaldesa vuelve a emitir otro Decreto mediante el que vuelve a dar otro plazo de 72 horas, y vuelve a señalar la multa que tendrán que abonar en caso de incumplimiento.
Finalmente, se ejecuta el derribo manteniendo intacta la parte baja de la fachada de la calle Príncipe de Viana, y se cierra el solar mediante un tabique de media asta de dos metros de altura, sin lucir e insuficientemente sujeto al suelo.
Meses más tarde, el Ayuntamiento llega a un acuerdo con la propiedad para asfaltar el solar y utilizarlo como aparcamiento público mientras no se edifique.
Se adjudican las obras, se extiende una capa de áridos que supera en unos quince o veinte centímetros la base del muro, y se procede a compactarla con una máquina apisonadora que, en sus evoluciones, se acerca al muro y varias veces lo golpea.
Según la agencia EFE, el movimiento del muro es advertido por un vecino que avisa al maquinista y le pide que compruebe su "ruinoso" estado.
El maquinista sale a la calle, observa la pared, y al no ver nada preocupante sigue "trabajando sin adoptar ninguna medida o precaución para los viandantes".
Momentos después del aviso, sobre las 12.20 horas del 27 de febrero de 2004, la máquina golpea de nuevo la pared de ladrillo. Ésta se desploma sobre la acera y alcanza de lleno a dos mujeres y golpea a otra. Una muere en el acto, otra fallece poco después de llegar al hospital, y a la tercera le produce un fuerte shock emocional y le ocasiona lesiones en el brazo que tardan 21 días en curar.
Las fallecidas eran dos amigas de 65 y 62 años, solteras, recién jubiladas, y con grandes proyectos ante las nuevas oportunidades que les ofrecía una vida que acabó abruptamente bajo los cascotes del muro.
Producido el accidente, el Ayuntamiento se apresura a acordonar la acera y parte de la calzada, desviando el paso de las personas y los vehículos. Medidas que si se hubieran tomado al comienzo de las obras hubieran evitado la tragedia.
Los restos del muro se mantienen para que la policía y los seguros elaboren sus respectivos informes, y cinco días después se derriba lo que queda de él.
Las obras habían sido contratadas por el Ayuntamiento. La dirección de la obra correspondía a la Oficina Técnica municipal. El Ayuntamiento es el encargado de velar por la seguridad de los vecinos, y en cada licencia de obra señala las medidas de seguridad que deben adoptar los solicitantes.
Hay dos muertes, el Ayuntamiento no ha adoptado medidas preventivas, pero no se considera responsable. En declaraciones a Diario de Navarra el 02-03-03, la alcaldesa, María José Fernández, comunica que no abrirá de momento una investigación (que se sepa, nunca la abrió), y que esperará a conocer las conclusiones del informe policial.
Preguntada por qué no se había vallado la obra, dice que no era competencia municipal (¿por qué vallar para evitar el peligro no era competencia municipal, y sí lo fue después de producido el accidente? Misterio): "Es la empresa quién debe responder a esa pregunta (...). De todas formas, los trabajos se realizaban en el interior del terreno", declara a la prensa.
Coincidiendo con ella, el concejal responsable de Urbanismo dice que una vez recopilado en un único expediente toda la información que atañe a la obra, "a la vista de la documentación, el Ayuntamiento cumplía todos los requisitos".
El asunto pasa a competencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona, y en abril de 2005 las familias de las fallecidas critican que en las diligencias previas el juez no ha llamado a declarar a los técnicos del Ayuntamiento.
En septiembre del mismo año la prensa recoge la noticia de que el fiscal solicita dos años de cárcel para el operario que manejaba la apisonadora, acusándole de dos homicidios por imprudencia al no adoptar ninguna medida de seguridad cuando trabajaba, una indemnización de 129.887,98 euros para las familias de las fallecidas, y siete fines de semanas de arresto por un delito de lesiones junto con una indemnización de 525 euros por cada uno de los 21 días que estuvo de baja.
Según el informe del fiscal, el muro que daba al paseo de la Inmaculada tenía una longitud de 22,37 metros y estaba formado por una pared de ladrillo en forma de L con una altura media de 2,75 metros. Respecto al operario palista, señala que se hallaba dentro del solar manejando una máquina apisonadora, con la que impactó en varias ocasiones contra el muro, el cual se desplazó desde el interior hacia la calle.
Tras un acuerdo entre acusación y defensa, el palista fue condenado a dos meses de prisión y treinta días de multa por dos faltas de imprudencia leve con resultado de muerte y una falta de lesiones. Debiendo indemnizar, junto con la compañía de seguros, las cantidades solicitadas por el fiscal.
Este fallo fue recibido por la ciudadanía con sorpresa, y los familiares de las difuntas afirmaron que ellos querían "la vía administrativa para que también se depuraran las responsabilidades del Ayuntamiento o la constructora, y no se presente al palista como único responsable".
Como la vía administrativa fue inicialmente desestimada por el juzgado de Estella y la audiencia de Pamplona, para cuando se celebró el juicio ya había pasado el año en el cual prescriben las responsabilidades administrativas, y el Ayuntamiento de Estella, máximo responsable de lo sucedido a juicio de muchos ciudadanos, se vio libre de cualquier exigencia de responsabilidad.
Pero la Alcaldesa no aprendió la lección, y la espada de Damocles siguió sobre las cabezas de los estelleses.
El 16 de enero de 2006, la excavadora que derribaba unos edificios en la céntrica calle Zapatería dio un mal golpe y las fachadas se vinieron abajo llenando la calle de escombros y dejando huellas de su caída en la segunda planta de la fachada del edificio de enfrente.
Los escombros golpearon la fachada, destrozaron la barandilla del balcón, y entraron en el salón de la vivienda situada en el lado opuesto de la calle.
La dueña, que se encontraba sentada en el salón, al ver la sombra de la fachada que caía se levantó de la silla y se retiró a tiempo.
La calle estaba cortada al tráfico rodado, pero se permitía el paso de peatones que transitaban con miedo al ver cómo a cada golpe de pala la fachada oscilaba.
Un vecino de una de las casas sobre las que cayeron los escombros, salió a hacer gestiones en una caja de ahorros próxima, y regresaba al domicilio cuando vio que el trabajo de la pala hacía oscilar la fachada. Se detuvo a tiempo, y evitó que los escombros lo sepultaran.
Otro vecino me contaba, con un punto de angustia en la garganta, que hacía unos quince minutos que había pasado por la acera que ahora contemplaba llena de escombros.
Como de costumbre, después del derrumbe acudieron las autoridades y cerraron la calle adoptando una medida que debían haber aplicado antes.
Como de costumbre, la empresa "aseguró que se cumplían las medidas de seguridad".
Como de costumbre, la alcaldesa, Mª José Fernández, no se sintió responsable de lo sucedido, y declaró que "la empresa tenía proyecto y licencia de derribo, y cumplía con las medidas de seguridad" (?).
Días antes del accidente los vecinos preguntaron al aparejador responsable del derribo el motivo por el que no lo ejecutaban a mano, recibiendo la contestación de que entonces se prolongaría durante mes y medio.
He ahí las claves de tantos accidentes en obras o empresas que anteponen los costes a la seguridad.
Un año antes, el 25 de febrero de 2005, cuando a las diez menos cuarto de la noche un peatón se dirigía a su domicilio, al dejar el puente del Azucarero (o de San Martín) y transitar por la acera situada al pie del edificio que cierra por el norte la plaza de San Martín, se vio embestido por un coche, aplastado sobre la abrasiva pared, y arrastrado hasta ser empotrado en la barandilla del puente. Murió al poco rato.
Al conductor del vehículo se le hicieron pruebas de alcoholemia, dando resultado negativo. ¿Llevaba alguna otra sustancia en el cuerpo? ¿Fue mezcla de velocidad y algún otro factor? ¿Mala suerte?
Ese invierno fue muy duro. El martes anterior al accidente cayó una fuerte nevada, y durante toda la semana las temperaturas descendieron hasta oscilar entre los cinco y los siete grados bajo cero.
El Ayuntamiento retiró parte de la nieve, pero aquí y allá quedaron montones que los rayos del sol licuaban tímidamente creando láminas de agua que se adentraban en la calzada y el frío de la noche convertía en hielo.
En el lugar en el que se produjo el accidente (el inicio de la curva de unos 90º que enlaza la calle Fray Diego y el puente) había uno de esos montones. ¿Fue esa la causa? ¿Patinó el coche en el hielo?
Nadie lo sabe, pero la seguridad de los vecinos hubiera estado más garantizada si se hubiera retirado la nieve. Y quizá Pablo estaría vivo.
Febrero 2007
