Finalizada la 3ª Guerra Carlista en 1876, para evitar nuevos alzamientos y sosegar a la población, se estableció en Estella una guarnición militar que se alojaba en el antiguo convento de La Merced, situado fuera del casco urbano, en la carretera de Pamplona.
El edificio, propiedad de Rosa Martínez de Andueza, y alquilado por el Ayuntamiento, estaba en malas condiciones, y las reparaciones, junto con el arrendamiento, costaban unas 1.900 pesetas al año.
En 1887 los alojamientos y la fachada principal necesitaban costosas obras, según informe del arquitecto municipal Máximo Goizueta, pero al estar alquilado, el Ayuntamiento, para evitar caer en un pozo sin fondo, con fecha de 3 de enero de 1888 ofertó 12.500 pesetas por el edificio, pagaderas en ocho plazos de 1.250 pesetas cada uno. La propiedad aceptó, y donó 2.500 pesetas para la reconstrucción de la iglesia de San Juan, cuya fachada y torre se había desplomado a mediados de siglo.
Nada cambió con la nueva propiedad. La habitabilidad del acuartelamiento no mejoró, la Corporación siguió dando largas a las obras proyectadas, y el Capitán General de Burgos, harto de los retrasos, en 1891 se muestra resuelto a trasladar a Tudela el batallón, según carta que Enrique Ochoa, Diputado a Cortes por Estella, envía al Ayuntamiento.
Ante esa inesperada noticia, y «vista de la conveniencia que reporta la estancia de la tropa a la ciudad», el Ayuntamiento destina 15.000 pesetas a realizar las obras pendientes.
Pero desde Burgos se insiste en el traslado, no solo por las malas condiciones del acuartelamiento, que Tudela se ofrece a mejorar, sino también por la «importancia de tener las tropas cerca de las vías férreas».
Para conservarlo, la Corporación apela a la existencia de un correccional con 120 reclusos -entre los que hay 4 procesados por desórdenes públicos- que hacía como año y medio se habían amotinado y tuvieron que ser reducidos por la tropa.
Cargando las tintas, el Alcalde señala que «esta población es dada a desórdenes graves y no respondo de sostener orden ni custodia correccional si no existe fuerza militar».
Y mientras la Corporación se deshace en elogios y parabienes para con el Ejército, el pueblo estellés, cuyo componente carlista es muy fuerte, piensa de otra manera. Lo refleja La Correspondencia Militar de 28 de abril de 1891, que respecto a la guarnición de Estella dice: «Allí se les odia y lo mejor que hacen es apedrearlo; pero como el cacique es el que suministra al batallón, lo exprime y estruja sacándole todo el jugo que pueden dar las raquíticas pagas de los oficiales y el corto haber de la tropa».
A su vez, Máximo Goizueta, el 1 de abril de 1891 realiza un proyecto, presupuestado en 68.000 pesetas, para habilitar como cuartel el convento de San Francisco (actual edificio del Ayuntamiento). Propuesta que los concejales y contribuyentes desestiman, decidiendo reformar el obsoleto cuartel de La Merced.
Conocida en Burgos la decisión, en marzo de 1900 el Capitán General envía un oficio en el que pide la construcción de un nuevo cuartel en un nuevo emplazamiento.
Buscando entre las propiedades municipales, la Corporación propone habilitar la Casa de los Hornos y los solares contiguos (actual Cuartel de la Guardia Civil y Casa de los Sargentos). Y, para disponer de recursos, pide que el Gobierno le pague lo que le adeuda por suministros hechos a las tropas en la última guerra civil, y la indemnización por la destrucción de los puentes. Propuesta que tampoco cuaja.
Durante 1902 se suceden los informes sobre el mal estado del cuartel, con ruina en algunas secciones, y condiciones higiénicas cada vez peores, por lo que en octubre del mismo año, el Ayuntamiento, pensando en la importancia económica que para la ciudad representa la tropa, y que la construcción del nuevo edificio puede ayudar a aliviar la penuria económica de los jornaleros, se muestra dispuesto a renunciar a la indemnización por la destrucción de los puentes de San Juan y de la Cárcel, y a ceder terrenos para construir un cuartel nuevo, con la condición de que revertirán a la Ciudad si no se lleva a cabo en el plazo de ocho años.
Con fecha de 23 de febrero de 1903 inicia las negociaciones con el Ramo de la Guerra, y el 11 de marzo recibe del Gobernador Militar de Pamplona la comunicación que en breve llegará a Estella una comisión de ingenieros para elegir los terrenos adecuados, designando a los Srs. Larráinzar y Lacarra «para que muestren los edificios y terrenos del municipio, y en vista del resultado den cuenta por si hay necesidad de convocar a los contribuyentes» (los mayores contribuyentes, reunidos en Junta de Veintena, aprobaban o rechazaban los acuerdos de la Corporación que conllevaban un gasto económico no previsto en los Presupuestos, y también éstos).
Todo parece encauzado, cuando nueve días después se recibe una carta de Capitanía que pide dejar sin efecto el traslado del cuartel. Convocado Pleno extraordinario, el 27 de marzo se acuerda transmitir al Comandante de Ingenieros, Sr. Los Arcos, una oferta que viene a coincidir con sus deseos:
«1º.- Renunciar a favor del Estado el importe del haber del Municipio por suministros de la última guerra civil si llega a realizarse la construcción del Cuartel en proyecto.
2º.- Proporcionar los terrenos comunales y los de los particulares adyacentes que existan en el punto denominado el Belbiste y han sido asignados por el Comandante de Ingenieros D. Antonio Los Arcos en su visita de inspección.
3º.- Si el Ayuntamiento lleva a cabo el proyecto sobre abastecimiento de aguas a la Ciudad, que tienen en estudio para su terminación los ingenieros Srs. Huici y Múgica, facilitará el agua necesaria para usos del cuartel.
4º.- El Ayuntamiento ofrece arreglar el pavimento de las calles próximas al Cuartel en estudio».
Hay concejales que incluso proponen costear el alumbrado eléctrico del Cuartel.
El 15 de junio se recibe un oficio de Gobernador Militar de Navarra, transcribiendo una Real Orden, de 27 de mayo, mediante la que se aprueba la elección de los terrenos del Bell-Viste.
Diez días después, la Diputación de Navarra autoriza al Ayuntamiento a realizar la cesión de los créditos y terrenos necesarios a la construcción del Cuartel.
Pasan los meses, las obras no comienzan, y el 27 de agosto de 1904 el Ayuntamiento acuerda dirigir una instancia al Ministro de la Guerra, suplicándole que «sea pronta la construcción del Cuartel cuyos planos deben obrar en el Ministerio».
Instancia que se envía por conducto de Joaquín Llorens y Fernández de Córdoba, Diputado del Distrito de Estella (General de Artillería y Cruz Laureada de San Fernando, era natural de Valencia, y además de por Estella fue diputado por Morella y Olot), a quien se solicita que «interponga su prestigio e influencia para conseguir la construcción» a la mayor brevedad posible.
Nada se mueve, por lo que a principios de mayo de 1905 una comisión municipal visita al General en Jefe del 5º Cuerpo del Ejército, quien les transmite la impresión de que «la construcción del Cuartel será un hecho en no lejano plazo, y en poco tiempo si el Ayuntamiento estuviera en disposición de adelantar el importe a calidad de reintegro por el Gobierno».
Esta propuesta excede la capacidad del Ayuntamiento, el cual no está en condiciones de adelantar ninguna cantidad. Pero como los planos ya están en el Ministerio de la Guerra, acuerda escribir al Sr. Llorens y al General Polavieja para que «gestionen la pronta y favorable resolución del proyecto».
El 1 de agosto, el Sr. Llorens responde de sus gestiones enviando una carta en la que dice que el proyecto del Cuartel ha sido aprobado, y adjunta copia de la Real Orden de 22 de julio, que dice:
«El Rey ha tenido a bien aprobar el proyecto para un cuartel de Infantería en la ciudad de Estella (...). Su presupuesto asciende a 664.000 pesetas (...), siendo su duración de 60 meses; cuando se realicen dichas obras se aumentará el número de plazas de los retretes nocturnos y se variará a ser posible la situación del destinando al oficial de guardia con el fin de alejarlo de la puerta de entrada...
Que no empiecen las obras hasta que (...) se haga la dotación de agua al cuartel con el abastecimiento general de la población que está en proyecto (...); así como también hasta que dicho Ayto haya construido la alcantarilla a que ha de desaguar la escreta del cuartel...
En el caso de que dicho abastecimiento general se retrase (...), montar un pequeño motor eléctrico para mover una bomba que eleve desde el río unos 50 m3. de agua diarios a altura suficiente para que llegue a toda las dependencias del edificio. En su virtud, hasta que ese Ayto de cuenta de estar ya el agua en el solar donde ha de levantarse el cuartel, y construida la alcantarilla, no podrán empezarse las obras ni asignarse a la Comandancia de Ingenieros los fondos necesarios para ello...». Decisión real que, supongo, estaría influenciada por el grato recuerdo de su paso por Estella en agosto de 1903.
Conocida la Real Orden, a principios de septiembre se acuerda por unanimidad «el emplazamiento del depósito para las aguas que en su caso será el sitio denominado "era de Lara"», el arreglo de las vías, y la ocupación temporal de edificios para oficinas de la Comandancia de Ingenieros, y de terrenos para almacenes y talleres.
A finales del mismo mes se faculta a la Comisión de Fomento para que trate con los propietarios de los terrenos que han de ser adquiridos, y siete días más tarde conocen las pretensiones de los Srs. Arguiñano, que pide 700 pesetas por la era de pan trillar; Hermoso de Mendoza (mi abuelo), 1.000 pesetas por otra era; Larumbe, 400 pesetas por un olivar con 24 olivos; y la Sra. Ganuza, 5.000 pesetas por un olivar con 126 olivos. El Sr. Alcina, a quien se escribió sobre el terreno de su propiedad, aún no ha contestado.
El Ayuntamiento considera excesivas esas cantidades, y acuerda convocarlos ante una comisión compuesta por el Alcalde y los concejales Munárriz y Azanza, a la que se faculta para ofrecer la cantidad que por cada finca se conceptúe equitativa, sin que ello suponga compromiso alguno a la Corporación.
El 14 de octubre se decide que los terrenos sean tasados por dos peritos -uno de los propietarios y otro del Ayuntamiento-, ofreciéndoles un incremento del 10% sobre el valor de tasación, y se da lectura a un escrito del Sr. Salinas en el que manifiesta no estar de acuerdo con lo aceptado por su mujer, insistiendo en que se le abonen 5.000 pesetas.
Catorce días más tarde, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los Srs. Salinas, Larumbe y Hermoso de Mendoza, se acuerda incoar expediente de expropiación forzosa, y se decide pagar al Sr. Arguiñano las 400 pesetas que le costó la finca, mas el 10%.
A principios de noviembre se acuerda dirigir un oficio al Gobernador Militar, «participándole que, arreglado el asunto con los propietarios, el Ayuntamiento es dueño de los terrenos», lo que dista mucho de ser cierto, pues ni se ha llegado a un acuerdo con todos ellos, ni se ha abonado el precio.
Llegado al fin a un acuerdo, a finales de enero de 1906 llega el desánimo, pues una carta del Ministerio de la Guerra manifiesta que siendo varios los cuarteles en construcción, no es posible comenzar uno nuevo.
Por los mismos días llega otra carta del Teniente Coronel de Ingenieros, Sr. Los Arcos, comunicando que se han rebajado a 25.000 pesetas las 120.000 que la Comandancia de Navarra había señalado y pedido para la construcción del Cuartel.
Avisado el Sr. Llorens, acude al Ministro de la Guerra a gestionar que no se rebaje la asignación, pero llega cuando ya se han repartido los 4 millones asignados a construcciones.
En el Ministerio, el Sr. Llorens se entera de que no ha sido el único al que ha confiado el Ayuntamiento la gestión, pues el Alcalde también se ha dirigido al Ministro de la Guerra, y al General Polavieja.
Sintiéndose despechado, Llorens envía al Ayuntamiento una dolida queja:
«Recibí una carta del entonces alcalde Don Gorgonio Zuza, interesándome para que en los presupuestos ya aprobados para el actual año se incluya la cantidad de 120.000 pesetas...
Estaba mal informado el Sr. Zuza, porque no se especifica en los Presupuestos (...) cuánto se va a emplear en cada obra. Como esto lo sabía ya hace tiempo, y como además también tengo aprendido que las cantidades las destina el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en cada anualidad, no cabían las gestiones que deseaba el Sr. Zuza.
Al personarme en el Ministerio de la Guerra con objeto de rogar al actual Ministro, Sr. General Luque, destine la suma deseada al referido Cuartel, me encuentro con que el Sr. Zuza se ha dirigido también a dicho Centro y al Jefe del Estado Mayor General, como así mismo, lo ha verificado, a otra persona completamente extraña a la Corporación municipal y sin representación ninguna oficial.
Hace tiempo que se sigue conmigo, como Diputado a Cortes por ese Distrito, una conducta tan sumamente extraña que a nadie puede sorprender desee yo termine en absoluto. Dicha conducta se puede concretar en pocas palabras del modo siguiente: Hacer todo cuanto es necesario para que si mis gestiones dan resultado favorable, como ha sucedido con el crédito para edificar Escuelas y con la aprobación del Cuartel, se me regatee el beneficio que reporte a esa ciudad...
Y termina: No realizaré gestión alguna a favor de los asuntos que afectan a ese Municipio si su conducta se inspira en los mismos móviles que la han informado durante tantos años. Dicha conducta resulta verdaderamente enojosa si se considera que hasta que yo he sido Diputado por el Distrito, jamás Estella se ha visto atendida por el poder central. No es que me molesta que la Municipalidad se dirija a quien tenga por conveniente, lo que no admito es que cuando obre de dicha manera se demande también mi apoyo».
Este incidente lo explica así el Alcalde: «Con fecha 16 de diciembre último se ocupó el Ayuntamiento de dicho asunto, si bien, por el carácter confidencial con que a iniciativa del Sr. Los Arcos se trató del mismo, no se hizo constar en acta, pero que enfrente del parecer de algunos concejales que (...) opinaron porque se escribieran cartas de recomendación a varias personalidades, el que relata manifestó de modo terminante que sola y exclusivamente debería confiarse la gestión al Diputado a Cortes Don Joaquín Llorens, y si este necesitaba la cooperación de otras personas ya la reclamaría.
Tomado a su cargo el asunto por el Sr. Alcalde saliente Don Gorgonio Zuza, y con tan buen deseo como mal acierto, según se ve por los resultados obtenidos, se dirigió, por lo visto, no solo al Diputado, di que también al General Polavieja y al mismo Sr. Ministro de la Guerra. Ya ven, pues, los Srs. Concejales que el Ayuntamiento no ha tenido intervención oficial alguna en el asunto...».
En el mismo Pleno se leen las cartas del Ministro de la Guerra y del General Polavieja. El primero dice que «he de manifestarle que siendo varios los cuarteles que existen en la actualidad en construcción, y teniendo en cuenta que la cantidad consignada en la vigente ley de Presupuestos (...) es pequeña, no es posible dar principio a otro nuevo...». El segundo, comunica que «muy de veras siento que mis gestiones hayan resultado infructuosas...».
La Corporación considera «casi desahuciado» el tema del Cuartel, y después de un vivo debate, en el que cada concejal expresa sus partidistas razones, «se acuerda por unanimidad que se telegrafíe y después se oficie al (...) Sr. Llorens otorgándole un voto de absoluta confianza para que gestione y obtenga la cantidad de 120.000 pesetas (...); que si dada la actitud del Sr. Ministro de la Guerra, no le fuera dado salvar las dificultades, grandes por desgracia, sobrevenidas, haga cuando le sea posible a fin de recabar una parte de dicha cantidad, la que pueda, porque den principio en este año las obras (...). Que la Corporación municipal no se ha dirigido hasta ahora oficialmente a ninguna personalidad para que gestionara el asunto, y que confía en sus prestigios para que el asunto pueda resolverse con éxito».
El Comandante de Ingenieros Sr. Los Arcos, tan decidido a poner toda la carne en el asador para que el asunto del Cuartel llegue a buen fin, el 7 de febrero de 1906 comunica al Alcalde que ha girado 25.000 pesetas a Zaragoza, «pues no quiero que se retrase ni un solo día, por mi culpa, el de que han de comenzar las obras», y expone la necesidad de poner los terrenos a disposición del Ramo de Guerra, mediante inscripción en el Registro de la Propiedad, antes de comenzar las obras.
En vista de ello, el Ayuntamiento acuerda pedir la documentación a los propietarios, y «sacar a subasta el descuajo de los olivares que han de ocupar el edificio». Subasta que por 376,50 pesetas se adjudica a Bonifacio Echeverría.
A finales de marzo se comunica al Sr. Los Arcos que los terrenos ya se han pagado, que el Ayuntamiento ya tiene las 100.000 pesetas necesarias para la traída de las aguas, y que «aún tiene en cartera obligaciones sobrantes de la deuda denominada de Escuelas, que puede utilizar en el momento oportuno para aplicarlas a las obras».
El 7 de abril decide que «con el fin de dar el debido impulso a las obras de traída de aguas para conseguir que las de construcción del Cuartel principien en el mes de mayo próximo (...), se acuerda nombrar Delegado de esta Corporación al Concejal Don Daniel Irujo para que con amplísimas facultades, y acompañado del Sr. Los Arcos, contrate en Bilbao o donde sea necesario la tubería y demás que sea preciso para dar principio a las citada obras de traída de aguas».
En el mismo Pleno, visto que el Ramo de la Guerra «solicita al Ayuntamiento se le facilite en la llamada Pieza del Conde el terreno necesario para establecer un Polígono con destino al ejercicio de tiro de la fuerza militar, se acuerda concederlo siempre que no haya ninguna clase de peligros por los disparos de fusil; pero antes de oficiar en tal sentido al expresado Jefe militar (Sr. Los Arcos), se comisiona a los Srs. Zuza y Garméndia para que vean de acuerdo con ése si es posible establecer aquel servicio en los Cordeleros en lugar de la Pieza del Conde».
Todo sigue su curso. En el mes de mayo, vistos por el Sr. Los Arcos los locales que el Ayuntamiento ha previsto arrendar para utilizarlos «como talleres u oficinas, se faculta a la Comisión de Fomento para que los contrate durante el tiempo que duren las obras, a condición de poder cesar en el arriendo si fuesen suspendidas por largo tiempo». Más adelante se arrienda un local en 325 pesetas, y dos más en el edificio del Sr. Modet, hasta el 31 de diciembre de 1908, para almacén de útiles de los ingenieros y escritorio.
El 27 de mayo se formaliza la escritura notarial, haciendo constar que «en vista de las malas condiciones que reúne el local donde actualmente se aloja la fuerza de Infantería que guarnece esta población (...), la cesión (de los terrenos) se hace a perpetuidad».
Así mismo, «El Ayuntamiento se obliga a arreglar convenientemente la calle de Calderería (actual Juan de Labrit, o escaleras del Cuartel) para el tránsito de peatones, y (...) a hacer el afirmado necesario para el tránsito de carruajes en el pavimento de las calles que han de rodear al cuartel por los lados Norte, Este y Sur, dotándolas de alumbrado público».
En representación del Ejército, firma, entre otros, «Julio Altadill y Torrenteras, Comisario de Guerra de 2ª Clase como Interventor del material de Ingenieros y representante de los derechos y propiedades del Estado afectos al servicio de Guerra en esta provincia».
Los terrenos cedidos, con una superficie de unos 16.000 m2, comprenden las eras municipales, terrenos comunales, y las fincas adquiridas a los particulares. Todos ellos corresponden al término de San Lorenzo, paraje de Bell-viste, y de las mugas de las fincas se deduce que la actual calleja era conocida como de Doña Dámasa; que el camino del Belbiste comenzaba aproximadamente donde ahora está el pino del Cuartel, continuando por el límite del actual aparcamiento superior; y que el morro junto al que bajan las escaleras hacia Recoletas recibía el nombre de fielato de Santa Ana por estar junto a dicha ermita.
Entregados los terrenos, falta el dinero. Así, el 2 de junio el Alcalde comunica que, «en virtud del empréstito de 10 millones hecho entre el Banco Hipotecario y el ramo de Guerra, el Sr. Los Arcos reiteraba la necesidad de influir cerca del Sr. Llorente a fin de que procurara conseguir el aumento de alguna cantidad sobre las 25.000 pesetas ya ofrecidas para la construcción del cuartel».
Cantidad que se considera insuficiente, pues según la Corporación las obras no se terminarán en veinte años, mientras que la Ciudad habrá desembolsado una suma elevada para la traer de aguas, de lo que parece deducirse que de no mediar la construcción del cuartel la traída de las aguas su hubiera demorado varios años.
A principios de julio, el concejal Sr. Zorrilla se lamenta de que «según ha oído, los ingenieros tienen el propósito de utilizar la piedra de Santo Domingo para las obras del Cuartel, y propone se gestione cerca de aquellos para que desistan a fin de poder conservar los restos como recuerdo histórico».
Aunque no hay unanimidad en la Corporación, se nombra a los Concejales Srs. Zorrilla y Lorente (no confundir con Llorens) para que en nombre del Ayuntamiento lleven las gestiones encaminadas a la conservación del convento.
Ruiz de Alda no está conforme, porque «tal como se hallan las ruinas no sirven más que para guarda de gente maleante», y Zuza tampoco lo está, porque «siendo Alcalde ha solicitado por dos veces del Estado la cesión de la piedra del convento para emplearla en obras municipales».
Pocos días después, el Sr. Zorrilla informa del resultado de las gestiones que junto con el Sr. Lorente «ha realizado acerca del Teniente Coronel de Ingenieros relativo a que se facilitara paso por el derribo del portal de la Gallarda y a que se desista de aprovechar para el cuartel la piedra de Santo Domingo».
Y lee una carta del Sr. Los Arcos: «Ayer tarde mandé arreglar un camino que rodea el portal de la Gallarda con objeto de facilitar el acceso y libre circulación de las caballerías cargadas; al propio tiempo se está activando el desescombro del mismo, y no se le da todo el desarrollo que yo deseo por falta de peones.
Respecto a las ruinas de Santo Domingo ya hice hace días la petición oficial y nada me resta que hacer. A título informativo le hago presente que cuando el año pasado 1903 vine a escoger solar para el proyectado cuartel, el primero que me enseñó la comisión, formada por el Alcalde Goizueta y el concejal Lacarra fue el derruido convento de Santo Domingo, que no acepté por su poca superficie; esta circunstancia, unida al hecho de que en varias ocasiones (creo que tres) el Ayto ha solicitado del Estado el derribo de las citadas ruinas, explica que yo haya tenido la profunda convicción de que el Ayto no habría cambiado de opinión y deseaba el derribo, que yo pido, porque beneficiaría los intereses del Estado que me están encomendados» (llama la atención que el Sr. Altadill, que tanto se distinguió después en la defensa del patrimonio artístico de Navarra, y que en el Boletín de la Comisión de Monumentos redacto el artículo que recoge la conservación del convento -ver Santo Domingo I-, no interviniera en su favor).
Vista la situación, se acuerda escribir al Sr. Llorens suplicándole que influya cerca del Ministerio de Hacienda para que no se conceda el material que aún contiene Santo Domingo, y Ruiz de Alda salva su voto en contra, fundado, además de lo expuesto en la sesión anterior, en que el acuerdo tomado puede ser un obstáculo para la prosecución de las obras del cuartel. Las gestiones deben tener resultado, y el Estado vende el convento (verlo en el artículo citado, referente a Santo Domingo) para con el dinero obtenido labrar piedra nueva.
Pero las obras no arrancan porque las 25.000 pesetas son insuficientes, y el Ayuntamiento ruega y suplica «que con toda premura comiencen las obras de un edificio que ha de dar trabajo a un gran contingente de obreros muy necesitados de él».
Al fin, el 17 de septiembre de 1906, el General Gobernador desvía una cantidad destinada al fuerte de San Cristóbal, de Pamplona, prometiendo una inversión de 120.000 pesetas para comenzar las obras, que comenzarán a partir del momento en que el Ayuntamiento haga las infraestructuras prometidas (agua y alcantarillado), si bien no se compromete a comenzar las obras de inmediato, ni a fijar plazos de realización, aduciendo que los 60 meses previstos no son consecutivos, sino tiempo de trabajo «aún cuando en cada año no se trabajen 12 meses del mismo».
La traída de aguas avanza poco a poco, el depósito, presupuestado en 24.000 pesetas, ha comenzado, pero la lentitud con la que se realizan esas infraestructuras impide el inicio de las obras del Cuartel. En vista de ello, el Ingeniero militar Sr. Los Arcos, autor del proyecto, apelando a lo que contiene la Real Orden consigue que se puedan empezar sin estar terminada la traída de aguas y la alcantarilla, siempre y cuando llegue al solar el líquido necesario.
Al fin, tres años después de comenzar los trámites, se inician las ansiadas obras de un Cuartel cuyo edificio principal ocupa una superficie en planta de 3.178 m2, con un total construido de 11.665 m2 aproximadamente. Obras que avanzan lentamente, sujetas a las asignaciones que cada año se incluyen en los presupuestos del Ministerio.
Ya concluido, en fecha que desconozco se bautiza con el nombre de Cuartel Marqués de Estella, título que Alfonso XIII había concedido el 25 de mayo de 1877 al General Fernando Primo de Ribera y Sobremonte por haber tomado Estella a las fuerzas carlistas.
Fallecido sin descendencia, le sucedió en el título su sobrino Miguel Primo de Ribera y Orbaneja (protagonista del golpe de estado que dio origen la dictadura militar que él presidió y gobernó España entre 1923-1930; recibió el título de Hijo Adoptivo de Estella el 25 de mayo de 1928), y a éste su hijo José Antonio Primo de Ribera y Sáenz de Heredia, cofundador de la Falange.
Pasan las décadas, la vida del cuartel sigue su curso, y a comienzos de 1981 se construye un gran pabellón en las antiguas cochiqueras. Se corre el rumor que está destinado a albergar mulos, y el Ayuntamiento notifica que tal pretensión no es posible, dejando bien claro que su postura no cabe interpretarla «como una obstrucción o negativa a que el Ejército instale tal actividad, pues a propósito de ello debo expresar sinceramente el sentimiento de la población de que no hay queja alguna de la unidad militar de Estella, sino todo lo contrario. Todos son comentarios del excelente comportamiento de la tropa». Este pabellón, junto con las contraventanas y un pequeño muro, son las últimas obras que el acuartelamiento realiza.
El 5 de octubre de 1985, al conocer la intención de cerrar el cuartel, registré un escrito mediante el que solicitaba se hicieran las gestiones necesarias «para que el Cuartel Militar continúe en su actual actividad», señalando que, si desaparece, «Estella sufrirá un duro golpe en su economía».
Pocos días después el Alcalde Sr. Galdeano se entrevista con el Gobernador Militar de Navarra, y al presidente del Gobierno de Navarra y al Delegado gubernamental entrega sendos escritos:
«A través del Excmo. Sr. Capitán General de la Región, se tuvo conocimiento en este Ayuntamiento de la posibilidad del (...) cierre del Cuartel Militar de Estella.
Esta noticia, es obvio que tiene una gran trascendencia económica para todos los sectores de la Ciudad. No cabe la menor duda que el Cuartel Militar de Estella, con mil personas, supone una riqueza considerable, por la incidencia que con su economía afecta a todos los servicios y sectores locales».
Tras referirse a la buena acogida que siempre han tenido los militares en la ciudad, «los matrimonios habidos entre muchachas de Estella y personal militar», la situación geográfica y los servicios comerciales, educativos, sanitarios, culturales, y comodidad que ofrece la ciudad, así como el hecho de que poco tiempo antes el Ministerio de Defensa adquirió «algo más de 600.000 m2 para un campo de tiro», señalaba que «su desaparición es un trauma que se va a hacer notar en todos los sectores económicos y sociales (...) precisamente en esta época de crisis de la industria» local.
«Por todo lo cual, esta Corporación se dirige a la Delegación de Gobierno de Navarra para que efectúe las gestiones puntuales que sean convenientes en aras de que se anule la resolución de traslado del personal y consiguiente desaparición del Cuartel de Estella».
Parece ser que momentáneamente estas cartas hicieron efecto. Pero cuando llegó el momento decisivo la actitud del Ayuntamiento no fue la misma.
Diario de Navarra informaba el 4 de octubre de 1992 que la propuesta que UPN presentó, por la que pedía solicitar «que el cuartel militar ubicado en nuestra ciudad permanezca abierto y en servicio activo», cuyo impacto económico es «similar al cierre de una empresa de tipo medio, generadora de recursos económicos y sociales», no contó con el apoyo de PSN, HB, CUE y EA.
El alcalde, Sr. Castejón, se excusó diciendo que el asunto no era lo suficientemente claro como para tratarlo sin tener notificación oficial; y que «si determinan que tienen que irse, también la respetamos»; señaló que no es tanto el impacto económico, pues no se pusieron de acuerdo con los comercios de la ciudad «y compran fuera».
El concejal de HB, Sr. Domblás, incidió en la misma postura, asegurando que nadie vive en Estella de los militares, y propuso exigir que devuelvan los dineros (?). Por CUE, el Sr. Azpilicueta incidió en los mismos aspectos económicos, señaló que su marcha reportaría a la ciudad locales en los que cabrían numerosas actividades, y propuso que para paliar el impacto negativo de su marcha se solicitara al Gobierno de Navarra la implantación de actividades como Escuela de Idiomas, facultad de la UPNA, industria, etc. Por EA, Julián Aguirre dijo que «he votado no porque ya es conocido nuestro antimilitarismo».
Pocos meses después, el 29 de mayo de 1993, y tras 120 años de estancia en la Ciudad, en el acuartelamiento se celebrará la jornada de despedida del Batallón de Cazadores de Estella nº 14, creado por Real Orden de 27 de agosto de 1873 para sustituir al Batallón de Mendigorría, disuelto por haber formado parte en la insurrección cantonal de Cartagena. En su historial está el ataque a las Casas de Murieta, el 27 de marzo de 1874, en el que murieron o fueron heridos 2 jefes, 27 oficiales y 367 soldados, por lo que fue recompensado con la "Corbata de la Orden de San Fernando" para su bandera. El mismo año participó en la batalla de Monte Muro, en 1909 participó de la campaña del Rif, y en 1924 y 25 en la campaña de África.
Pronto afloraron las fintas de despiste y los verdaderos motivos que impulsaron al Ayuntamiento a no pedir su permanencia. Así, mientras se modificaba su ficha urbanística para poder construir unas 52 viviendas, en octubre de 1996 el Alcalde gestionaba su adquisición ante Defensa (ésta pedía 400 millones de pesetas, y el Ayuntamiento ofrecía 32) para hacer una plaza de abastos, y en febrero de 1997 la Comisión de Defensa de las Cortes aprobaba una proposición no de ley del diputado navarro de IU Julián Fernández para que el Congreso inste a la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Defensa a concluir con la mayor urgencia las negociaciones con el Ayuntamiento, en marcha desde 1993, sobre la transferencia del cuartel. Y dado que IU es minoritaria en la Comisión, Jaime Ignacio del Burgo influye para que se apruebe.
Por las mismas fechas el Ayuntamiento desaloja a un sector de la juventud que había ocupado un edificio de propiedad municipal en la calle Navarrería, y parece desde la Alcaldía se les induce a que ocupen los semisótanos del cuartel, en los cuales, sin ningún tipo de control, organizan conciertos que motivan la protesta de los vecinos y la queja de la Asociación de Vecinos del barrio de Lizarra.
Y como había sucedido con el abandonado convento de San Benito, la Alcaldía, pensando que el rápido deterioro del edificio favorece sus planes de derribarlo y especular con viviendas, permite que la gente se lleve todo el hierro del edificio, las contraventanas de aluminio recién puestas, las cañerías y las limahoyas...
Ya con nueva Corporación, en mayo de 2000, de acuerdo con Defensa, el Ayuntamiento declarará en ruina el edificio, y el Ministerio se compromete a asumir su demolición. Para UPN, su aprovechamiento futuro (estos no piensan en viviendas, sino en piscinas) sólo puede pasar por su desaparición.
Fiel a su propuesta, UPN presenta a principios de 2001 una memoria para levantar en el solar instalaciones deportivas de verano, en las que se incluye una piscina con jacuzzi, vestuarios, una pista deportiva y otra de tenis. Costaría 318 millones, de los que el Gobierno de Navarra asumiría el 50%.
Los demás grupos municipales no aceptan la propuesta, e incidiendo en las necesidades del barrio de Lizarra, el más próximo al solar, el PSN propone un aparcamiento subterráneo y un parque en superficie.
Concha Rubio, concejala de CUE, considera acertadamente que el edificio «es de buena calidad, está situado sobre roca y los muros y la mayor parte de la estructura está en buenas condiciones a pesar de que se ha hecho lo posible para que se deteriore», piensa que ofrece muchas posibilidades: vivero de empresas, universidad de verano, escuela de idiomas, nave de servicios, escuela-taller, ludoteca, locales para colectivos, etc., y se opone al derribo por entender, que, además, se hace para desalojar a los jóvenes.
Para HB el derribo no se debería ser total, debiendo mantenerse el semisótano que desde 1996 ocupa un sector de la juventud constituido en Gazte Asanblada (Asamblea de Jóvenes).
De nada sirven estas propuestas, otras que hizo Joaquín Montero Rambla, y la que yo le propuse a la Sra. Fernández, cabeza de lista del PSN, en el sentido de habilitarlo como viviendas sociales y permitir que en sus bajos se desarrolle el centro tecnológico L´Urederra, de reciente creación y en busca de locales.
El derribo del cuartel está previsto para el 21 de marzo de 2002, «pero diversas circunstancias han provocado su retraso. Entre ellas se encuentra la apretada agenda del Ayuntamiento, que quería estar presente el primer día de los trabajos para realizar un pequeño acto oficial», dice el empresario encargado del derribo, presupuestado en 180.000 euros. Las otras circunstancias son las dudas surgidas acerca de los derechos de los jóvenes que utilizan las instalaciones.
Dos meses más tarde, una patrulla de la Guardia Civil acude al local y entrega a los jóvenes la orden de desalojarlo. Estos no lo aceptan, por considerar que debe ser dictado por un juzgado, y se manifiestan dispuestos a ir a los tribunales para hacer valer sus derechos, pues mientras los militares consideran que no es necesaria una orden judicial de desalojo porque las instalaciones son un bien de uso público, los jóvenes piensan que tras el abandono el edificio ha pasado a ser patrimonial, por lo que sí es necesaria la orden judicial.
Gazte Asanblada, para demostrar que la propiedad y la Administración conocían que ocupaban parte del cuartel, presentan varias cartas de estamentos oficiales, como el Gobierno de Navarra, en las que consta la dirección de la parte ocupada, con acceso desde la calle Juan de Labrit, o los estatutos, aprobados por la Presidencia de Interior de la Administración Foral, en los que figura la misma dirección. Nuevamente se demora el derribo.
El fin de semana, los jóvenes se manifiestan por las calles con una pancarta que dice: Un desalojo, otra ocupación. Y cuando son desalojados, cumplen su aviso: pocos días más tarde ocupan la nave de servicios, de la que la Guardia Civil los desaloja, y poco tiempo después ocupan un chalé abandonado y destrozado -creo que de propiedad municipal- en la colonia El Pinar, que aún funciona, de manera que ahora en Estella hay dos casas de Juventud: la municipal, María de Vicuña, y la autogestionada, Pinupe Gaztetxea (espero haberlo escrito bien).
Llega el 24 de mayo de 2002, y se entrega a los jóvenes una cédula de citación ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Pamplona donde se tramita la autorización para entrar en el edificio.
Y como el permiso municipal para derribar el cuartel expira el día 28, Defensa se ve obligada a pedir otra prórroga.
Mientras tanto, los jóvenes continúan con sus actividades habituales. Ese día 24 de mayo, víspera de la Virgen del Puy, organizan una cena a la que asisten 80 comensales, seguida de concierto (a lo largo de estos años organizaron 64, talleres, rocódromo) y sesión de música hasta la madrugada.
Al juzgado acuden cerca de 40 jóvenes. Algún joven quiere identificarse con el DNI vasco, varios son identificados, y Gazte Asanblada pone una denuncia ante el Juzgado de Guardia.
Según su abogado, «han querido entrar todos juntos, los forales se han puesto nerviosos y han sacado a algunos a golpes. Minutos después ha llegado una brigada especial que les han ido dejando pasar de dos en dos». Al finalizar las comparecencias, que duraron cerca de dos horas, «se han querido reunir en el descansillo de la planta baja pero los han vuelto a desalojar».
A las 7,15 de la mañana del 4 de junio de 2002, con el permiso judicial en la mano, tres palas -dos de una empresa de Madrid y una a una empresa de Tafalla- empiezan a derribar el edificio. Separan el hierro de la estructura del tejado, y toda la piedra, que inicialmente se pensó en vender, va al vertedero.
Previamente, a las 3,45 horas, unos 30 agentes de la Guardia Civil derriban la puerta y desalojan a los 5 jóvenes que dormían, a los que se les permite sacar sus pertenencias personales. El resto (neveras, sillas, mesas, armarios, etc.) es cargado en dos camiones y depositado en un local municipal. Los jóvenes, como protesta, pernoctan en el kiosco de la plaza de los Fueros, donde se produce alguna incidencia con la Policía Municipal.
Un día después, el Ministerio de Defensa confirma su voluntad de ceder los terrenos al Ayuntamiento por el periodo máximo que permite la legislación: 99 años.
Convocado con 25 puntos en el Orden del Día, el Pleno apenas dura un minuto: el tiempo justo para que HB, sin pedir el uso de la palabra, denuncie «el despliegue policial que tiene tomada la ciudad», y señale que «no nos parece de recibo empezar un pleno custodiados por la Guardia Civil».
Efectivamente, el despliegue policial es importante: la Policía Municipal había redoblado el servicio, y una veintena de agentes de la Guardia Civil custodian el Salón de Plenos (era la primera vez que sucedía en la historia reciente) impidiendo el acceso a determinadas personas, y solicitando a todos la documentación.
Ese fue el triste final de un edificio construido para durar una eternidad, y que los militares dejaron en perfectas condiciones. Poco queda de él: unos murales sobre lienzo, con temas de los Tercios de Flandes, donados al Museo de Navarra, el balconcillo desde el que el jefe presidía los desfiles, que se conserva a la entrada de una finca particular, dos tejas que guardo en casa como recuerdo, y poco más.
Llega el 14 de agosto, y Defensa cede los terrenos, durante 99 años prorrogables, «al objeto de que lo destine, única y exclusivamente, al uso deportivo sin que el mencionado uso pueda ser alterado sin la previa autorización de este Ministerio.
Cualquier obra o instalación que se lleve a cabo y constituya una mejora sobre el mencionado bien inmueble revertirá a la conclusión de la presente autorización a favor de este departamento, sin derecho de contraprestación alguna.
Si por necesidades de la Defensa Nacional fuese preciso suspender (...) o rescindir esta autorización, el Ayto no tendrá derecho a compensación o indemnización alguna, debiendo abandonar la propiedad.
El Ayuntamiento deberá contar con la expresa autorización del Ministerio de Defensa para ceder por cualquier título el uso de la propiedad (...), o para imponer carga sobre la misma».
Esta limitación deportiva causa extrañeza, y la alcaldesa, Sra. Bozal, reconoce que «es para lo que lo pedí y en ningún momento hablé de otra utilidad (...). Solicité esa cesión argumentando que Estella no disponía ni de unas piscinas adecuadas ni de un espacio deportivo al aire libre, añadiendo, igualmente, que no existían terrenos públicos en los que construir estas infraestructuras».
No todo el mundo está de acuerdo en ese uso: la Asociación de Comerciantes apoyaría las piscinas si en la ciudad se aumentan las 420 plazas de aparcamiento que ahora caben, más otras 120, y la A. de V. del barrio de Lizarra acepta la piscina si se habilitan más aparcamientos en el barrio.
Convocado Pleno extraordinario el 5 de noviembre de 2002, los votos de la oposición impiden la licitación de las obras del complejo deportivo, y critican con dureza la propuesta.
Víctor Iriarte, de HB, reprocha a la Alcaldesa por no cumplir el acuerdo del Pleno de convocar un concurso de ideas para solucionar los problemas del barrio de Lizarra, y acusa a UPN de querer «sacar deprisa este proyecto por miedo a perder la subvención que en su día le concedió el Instituto Navarro de Deporte y Juventud».
EA les acusa de falta de interés en «encontrar apoyo a su propuestas» y explica que «las piscinas que UPN pretende construir en este solar no solucionan el problema de instalaciones deportivas que tiene Estella».
IU tacha de precipitada la propuesta, y el PSN les acusa de «esperar hasta el último momento, mientras durante tres años se ha estado esperando la cesión de un solar», y explica que el proyecto «hipoteca el futuro de este barrio».
Toda la oposición pone de manifiesto lo poco que se ha hecho por el barrio, y la Alcaldesa les contesta que la «memoria redactada para obtener la subvención (...) se realizó en función del dinero del que disponía el Ayuntamiento, y aquel dinero no permitía todo un complejo deportivo». También apunta que «ninguno de los proyectos presentados (por la oposición) en este Ayuntamiento iba acompañado de un estudio de viabilidad económica».
Y se felicita por la cesión para complejo deportivo de un solar «sobre el que varios promotores ya habían presentado ofertas para construir viviendas, porque el PEPRI (normativa urbanística) permite la construcción de viviendas en este solar».
Si esta alcaldesa, apelando a que en la ciudad «no existían terrenos públicos en los que construir», pensó en ubicar infraestructuras deportivas en el solar, iguales argumentos utilizó su sucesora, Sr. Fernández, cuando buscaba un solar para construir los nuevos juzgados. Primero pensó en el Patio de los Maestros, después en el Agua Salada, y despreciando otras posibilidades, como reordenar los polígonos urbanizables de la Avda. Yerri, pasando por todo lo que había dicho ella y su partido se decidió por el Cuartel.
En junio de 2004, por ejemplo, el PSN argumentaba que ante la congestión urbanística del barrio de Lizarra era preferible dejar el solar como zona verde en superficie, y bajo suelo construir unos aparcamientos.
Más adelante, ya en la Alcaldía, la Sra. Fernández decía que el Ayuntamiento ofrecerá para Juzgados y para Mancomunidad de Montejurra (MM) la parte baja del solar que linda con la calle Bell-viste, y que «la parte superior, tal y como defendimos, será para zona verde y aparcamientos subterráneos».
En cuanto a la ordenación de los solares, no ha podido ser menos afortunada: la MM se ha instalado en lo que eran los aparcamientos más accesibles, y estos se han trasladado a la parte superior, a un solar destinado a acoger nuevos usos. De servicios y zonas verdes para el barrio de Lizarra, nada de nada; de aparcamientos subterráneos, lo mismo. Y en cuanto a la posibilidad de poner algún medio mecánico en la calle Juan de Labrit que facilitara el acceso al solar superior donde están los Juzgados, y a la vez dar servicio al barrio, se optó por poner en la calle García Jiménez cuatro ascensores consecutivos de los que tres apenas se usan.
Pero el mayor desastre ha sido el haber despreciado las posibilidades que ofrecía un edificio que se podía haber habilitado para lo que propuso la CUE, y haber albergado todos los servicios administrativos que Estella ofrece a sus ciudadanos y a los merindanos. Un edificio que se permitió saquear porque se buscaba su derribo para especular con viviendas, y para el que los sucesivos ayuntamientos despreciaron las alternativas que se les ofrecieron.
Fue, también, ir contra las tendencias actuales, tan despreciadas en Navarra (recordemos la Azucarera de Marcilla y la serrería de Ecay) y tan utilizadas en otras comunidades y naciones. Por señalar unas pocas, la vieja Alhóndiga de Bilbao, la fábrica de armas Astra de Guernica, la real fábrica de paños de Ezcaray, las fábricas de tabaco de Madrid y San Sebastián, o la fábrica de curtidos Ramada y la textil Conde de Vizela, ambas en Guimaraes (Portugal). Y respecto a instalaciones militares reconvertidas para uso civil, los edificios universitarios de Toledo, Zamora, Barcelona, Ciudad Real, Getafe y Leganés, sede estos dos últimos de la Universidad Carlos III.
Nota: El cuartel contaba con las siguientes dependencias:
Planta baja: Fachada principal: Cuerpo de guardia, oficina del oficial de guardia, el suboficial de guardia y la tropa; Ala derecha: dependencias para calabozos, almacén para suministros de limpieza, cuadro de luz y centralita, electricista, despacho de sargento y un baño, duchas, hogar del soldado, compañía de armas pesadas y almacén de víveres; zona del túnel: barbería, imprenta y enfermería; Ala izquierda: plana mayor y comedor de la tropa en el sótano, compañía de esquiadores y escaladores; fachada Izquierda: gimnasio y residencia de oficiales.
Planta principal: Fachada principal: oficinas de los mandos y las generales, que se extendían en parte del ala derecha; Ala derecha: residencia de suboficiales con bar-cafetería, salones de juegos, habitaciones individuales y cocina propia, cuartos con material de transmisiones y el complemento de las armas pesadas; Zona de túnel: guarnicionería, oficinas de la compañía y laboratorio de fotografía; Ala izquierda: compañías primera y segunda; fachada izquierda: residencia del capitán ayudante y la del teniente coronel o el jefe de batallón.
Edificios exteriores: Barracón largo con cocina, armería talleres de albañilería y carpintería, servicio de limpieza y lavarropas. Cuadras, después utilizadas como garaje para el batallón motorizado.
enero 2013
